Agua potable que usan los puertorriqueños viene de sistemas que violan la ley

El agua potable utilizada por la mayor parte de la población de Puerto Rico provino de sistemas de agua que incumplieron reglas federales establecidas por la Ley de Agua Potable Segura (SWDA, por su sigla en inglés), según un informe difundido hoy. EFE/ARCHIVO

El agua potable utilizada por la mayor parte de la población de Puerto Rico provino de sistemas de agua que incumplieron reglas federales establecidas por la Ley de Agua Potable Segura (SWDA, por su sigla en inglés), según un informe difundido hoy.

El estudio, elaborado por el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por su siglas en inglés), la organización El Puente: Enlace Latino de Acción Climática, y la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) de la isla, indicó que debido a dicho problema “millones de personas se están abasteciendo de redes deterioradas y ponen su salud en riesgo”.

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Erik Olson, director del Programa de Salud del NRDC, indicó que el sistema de agua de Puerto Rico “está fracasando. Requiere de una inversión seria para asegurar agua potable segura y limpia”.

El informe “Amenaza a domicilio: infracciones del sistema de agua potable de Puerto Rico” demuestra que, en el 2015, más de 3,4 millones de residentes en Puerto Rico -99,5 por ciento de la población- se abasteció de sistemas de agua comunitarios en los cuales se omitió examinar la seguridad del agua o que contenían altos niveles de contaminantes, incluyendo bacterias y químicos que podrían ocasionar cáncer.

A pesar de que las infracciones más comunes se debieron a la falta de análisis de la calidad del agua y a no reportar fallas en el sistema, más de dos terceras partes de la población -2,4 millones de puertorriqueños-se abasteció de sistemas de agua que sufren de niveles ilegales de contaminantes.

Estos contaminantes son, entre otros, la bacteria coliforme, productos derivados de la desinfección y compuestos orgánicos volátiles o sistemas que fallaron en tratar el agua para retirar contaminantes de alto riesgo.

Las infracciones más serias vinieron de las redes de abastecimiento pequeñas en la isla.

El informe indica, además, que no se están reportando las incidencias de contaminación de plomo o no se están realizando las pruebas de análisis necesarias para detectar plomo en las redes que abastecen al 97 por ciento de la población.

En algunos casos, muestras de análisis indicaron niveles excesivos de plomo en los sistemas de agua potable.

“Puerto Rico sufre de una crisis de agua como ninguna otra en EE.UU. Las condiciones de nuestra agua potable son tan pobres que tenemos que repensar la forma de monitorear su calidad, así como su tratamiento y la infraestructura relacionada que suple dicho recurso”, añadió David Ortiz, director de “El Puente: Enlace Latino de Acción Climática”.

El informe destaca varias recomendaciones para el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Junta de Supervisión Fiscal, dirigidas a asegurar que los residentes de Puerto Rico tengan acceso a agua potable segura y limpia.

Entre las mismas se encuentran invertir en la infraestructura de agua en Puerto Rico e identificar contaminantes a través de la implementación de un sistema de análisis que cumpla con los requisitos legales aplicables.

A su vez, cree necesario mejorar el tratamiento del agua potable para cumplir con estándares que protejan a la población de contaminantes peligrosos y fortalecer los mecanismos de fiscalización para asegurar el cumplimiento con todos los reglamentos referentes al agua potable.

“Puerto Rico enfrenta terribles cargas económicas, pero eso no disminuye la responsabilidad que tienen las autoridades locales y federales de proteger la salud de los puertorriqueños”, dijo Héctor J. Claudio Hernández, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA).

La declaración de quiebra por parte de Puerto Rico no afecta los fondos federales utilizados para mantener los estándares de salud, ni los reglamentos promulgados por la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por sus siglas en inglés), los cuales establecen el requisito de monitorear la calidad de agua y notificar violaciones, apunta el estudio.

Los activistas ambientales alegan que la acentuada supervisión federal sobre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados implica una mayor responsabilidad del gobierno de EE.UU. en cuanto a la calidad del agua potable en la isla.

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